Una de las publicaciones que realiza la revista Món Jurídic, editada por el Colegio de Abogados de Barcelona, en su número de este mes de enero, lo dedica a la concentración que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre ante la sede del Colegio de Abogados de Barcelona con motivo del “Día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer”.
En la concentración se dio lectura de un manifiesto de rechazo de la abogacía a los malos tratos que sufren las mujeres, un manifiesto que fue elaborado por la Sección de Derecho Penal, la Comisión del Turno de Oficio y la Comisión de mujeres abogadas.
Del contenido de dicho manifiesto cabe destacar un dato que, por más que salga a la luz, sigue sin provocar de nuestros representantes políticos la reacción esperada: el número de mujeres asesinadas por violencia machista excede ya del número de víctimas asesinadas por ETA. Y la lacra sigue haciéndose sitio cómodamente, puesto que no asoma un ápice de voluntad política que ponga sobre la mesa soluciones. Es lo que ocurre con muchas de las leyes que emanan de nuestro Parlamento. La Ley Integral contra la Violencia de Género contiene medidas que le otorgan un plus de protección a la mujer por el hecho de ser víctima de violencia machista. Sin embargo, la vara de medir viene marcada por unos presupuestos que siguen limitando el gasto social. ¿Hasta cuándo?